Programas de la fiscalía limpian 'records'

La Fiscalía de Miami-Dade organiza uno de estos eventos cada mes en un lugar diferente del condado. El calendario se puede consultar en http://cod.miamisao.com/ o llamando al teléfono 305-547-0724.
El Nuevo Herald | Junio 30 de 2013
Maria Perez
mperez@elnuevoherald.com
Maria Perez el Nuevo Herald

Casi treinta años después, Ron dice que los cargos de los que le acusaron y que se sobreseyeron siguen haciéndole la vida difícil. Hace poco intentó servir como fiador para que su hija comprara un apartamento, pero el proceso apareció en su historial y no pudo ayudarla. Ahora, después de más de dos décadas trabajando como conductor, quiere optar a un puesto como supervisor, pero para eso necesita que su historial esté limpio.

“Estoy cansado de conducir, creo que puedo hacer otras cosas”, dice Ron, quien no quiere ser identificado por su apellido.

Cuenta que todo pasó en su último año de high school. Estaba celebrando con sus amigos, tomando en la calle cerca de un coche y dice que la policía pensó que querían robarlo. Dice que uno de sus amigos llevaba marihuana en un bolsillo, pero los acusaron a todos. Los cargos, por posesión de marihuana y vagabundear, se sobreseyeron según el registro oficial, pero siguen reapareciendo cuando alguien comprueba su historial.

“No quiero seguir ignorándolo”, dice.

Ron es una de las decenas de personas que esperaban el jueves por la tarde en una iglesia de Florida City para completar la solicitud de que sellen o eliminen los expedientes de los procesos criminales abiertos contra ellos, en una de las sesiones informativas que organiza cada mes la Fiscalía de Miami-Dade para asistirles en su solicitud si cumplen todos los requisitos, como el de no haber sido declarados nunca culpables de ningún delito.

En diferentes mesas, un oficial de la Fiscalía revisa la solicitud de los asistentes, y si califican para el programa, un notario sella la solicitud, un funcionario toma las huellas del solicitante y un representante de la oficina de la Corte emite una copia certificada de su historial criminal en menos de una hora y sin salir de la sala. Los interesados tendrán luego que enviar todos los papeles y un pago de $75 al Departamento Estatal de Policía en Tallahassee, pero se evita esperas y tener que ir de oficina en oficina para completar la solicitud.

Una vez que reciba el certificado de elegibilidad, el solicitante tendrá que ir a la Corte, el juez revisará el caso y probablemente ordenará el sellado o la eliminación del certificado.

Si los asistentes a estas sesiones no califican, dos abogados pueden aconsejarles sobre las alternativas.

David A. Maer, director de la división de alcance comunitario de la Fiscalía de Miami-Dade, era uno de los oficiales que llevaba revisando solicitudes más de tres horas. Dijo que la mayoría de los solicitantes con los que habla están empleados, pero aspiran a mejores trabajos y tienen algún cargo menor, como hurto en una tienda o posesión de marihuana, que se retiró o se resolvió con un programa alternativo de rehabilitación hace años.

Explicó que muchos de los que llegaban a su mesa no sabían que podían sellar o destruir los registros de las acusaciones contra ellos hasta que lo oyeron en la radio o alguien se los comentó, o no entendían que no necesitaban a un abogado que podía cobrarles cientos de dólares para realizar todo el proceso.

“Lo hacemos porque habrá menos crímenes”, dijo. “Si el historial de uno no está limpio, es mucho más difícil encontrar un trabajo”.
No solo conseguir un trabajo es más difícil.

Aurora Morales, de 48 años, dice que ya le han rechazado dos solicitudes para alquilar un condominio debido a las acusaciones que refleja su historial. Dice que se dedica a vender productos de belleza y comida colombiana que ella cocina, en parte porque no se ha atrevido a solicitar ciertos trabajos. “Me da miedo que me chequeen el background, dice.

Morales se está divorciando de su esposo, contra quien tiene una orden de alejamiento por violencia doméstica. Dice que para recuperar la custodia de su hija, que va a cumplir 15 años, tiene que mudarse para que su marido no pueda localizarlas.

Morales cuenta que la primera vez que la arrestaron, en el 2002, una conocida con quien fue de compras metió productos de una tienda al bolso de su hija, pero ella se echó la culpa y al final los cargos se retiraron. Dice que la segunda vez, en el 2010, dejó sola en casa a su hija, que tenía 11 años, y una amiga de la familia llamó a la policía. Fue acusada pero posteriormente la fiscalía retiró los cargos.

Ha tenido que elegir qué arresto pide sellar, porque el programa solo le permite cancelar uno. Va a pedir cerrar el primero, clasificado como robo de gran cuantía según el registro oficial. “El segundo fue un misdemeanor, menos grave”, explicó.

Ahora dice que quiere cambiar su vida, que dejó de tomar. Dice que le va a costar reunir los $75 para sellar sus registros, pero que intentará pedir ayuda. Busca un buen lugar donde vivir y un mejor trabajo. “Es importante para mí, ahora que ya salí del demonio, después de cinco años con él”, dice Morales.

Durante el año fiscal 2011-2012, el Departamento Estatal de Policía (FLE) emitió 18,272 certificados de elegibilidad. En los últimos doce meses, por las sesiones de la Fiscalía de Miami-Dade han pasado 1,433 solicitantes que calificaron para el programa.

El programa está diseñado para personas acusadas en procesos que fueron sobreseídos, en los que se retiraron los cargos o se resolvieron a través de un programa alternativo de rehabilitación, y que no han pedido anteriormente que se selle o elimine algún expediente de arresto –la solicitud solo se puede realizar una vez. No calificarán personas en las que la declaración de culpabilidad haya sido suspendida en procesos por ciertos delitos graves, como homicidio o abuso infantil.

El sellado, según información de la Fiscalía, implica que el expediente se volverá confidencial y solo determinadas instituciones, como jueces y algunas agencias de orden público o el solicitante podrían ver el expediente. Si el expediente se elimina, se destruye físicamente.

Aunque el solicitante haya conseguido cerrar su expediente, deberá mencionar el arresto en determinados casos, como cuando solicite empleo en el que tenga que tratar con niños o personas mayores, o en una agencia de justicia penal. Además, las bases de datos privadas que ya hayan comprado la información sobre el solicitante podrían seguir mostrando el expediente.

Maer dice que el procedimiento merece la pena y anima a quienes se encuentren en esta situación a usarlo: “ La ley está ahí para ellos”.
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