Ecuador demanda a España por ley hipotecaria

El drama de los desalojos es una consecuencia directa del altísimo desempleo de 25% y el colapso inmobiliario.
AP | Enero 22 de 2013
Ecuador demandó el martes a España ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para intentar frenar los desahucios por impagos hipotecarios de ecuatorianos en el país ibérico.

Ramiro Rivadeneira Silva, Defensor del Pueblo de Ecuador, dijo en Madrid que la legislación española "vulnera derechos fundamentales de las personas" y subrayó que la decisión de recurrir se debe a la necesidad de defender al colectivo ecuatoriano en el exterior.

El recurso pretende modificar parte de la ley española que regula los desahucios por impagos. La ley actual es muy rígida, las personas que no pueden hacer frente al pago de su hipoteca son desalojadas por orden judicial, pierden el dinero invertido y la casa y teóricamente deben satisfacer la deuda pendiente con el banco.

La demanda recoge el caso del ecuatoriano Luis Solórzano, quien se ha visto obligado a abandonar su vivienda al haber agotado todas las instancias judiciales en territorio español. En opinión de Rivadeneira Silva, este ciudadano sufrió "indefensión ante las prácticas abusivas" del banco.

Además, subrayó que su institución ha atendido 6.000 casos similares de ecuatorianos en España y no descartó elevar otras quejas similares a Estrasburgo, en Francia.

El Tribunal de Derechos Humanos es una instancia judicial supranacional a la que pueden recurrir los ciudadanos europeos una vez agotadas todas las vías legales en su país de origen. Sus sentencias son de cumplimiento obligatorio, pero los procesos suelen demorarse años.

En noviembre el gobierno español suspendió durante dos años los desahucios por impagos hipotecarios a familias con ingresos anuales de menos de 14.400 euros (18.400 dólares) después de impuestos y personas sin prestación por desempleo.

El drama de los desalojos es una consecuencia directa del altísimo desempleo de 25% y el colapso inmobiliario.

Más de 350.000 personas --muchas de ellas inmigrantes-- han perdido su vivienda y los ingresos de media vida desde el comienzo de la crisis en 2008, según cálculos judiciales.

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