Cárcel a falsificadores de actas de nacimiento

La red vendió certificados cubanos falsos a indocumentados
El Nuevo Herald | Enero 18 de 2013
Alfonso Chardy
achardy@elnuevoherald.com

La jueza federal Cecilia Altonaga condenó el jueves a penas de prisión a dos miembros de una banda que vendía actas de nacimiento cubanas falsas a inmigrantes indocumentados que luego solicitaban tarjetas de residencia haciéndose pasar por refugiados cubanos.

Durante una audiencia en la corte federal de Miami, Altonaga condenó a Nelson Daniel Silvestri Soutto a 1 año en la penitenciaria y tres años de libertad bajo supervisión, con 9 meses de arresto domiciliario. En la tarde, Amelia Osorio fue condenada a 4 meses de prisión, dos años de libertad condicional, incluyendo 11 meses de arresto domiciliario. Ya que Osorio es el único acusado en libertad bajo fianza, Altonaga le ordenó entregarse a las autoridades penitenciarias para comenzar a cumplir su sentencia el 1ro de febrero a las 2 p.m.

Altonaga también le dijo a Silvestri que debe entregarse a las autoridades de inmigración para su deportación a su natal Uruguay al término de su condena. Osorio, de nacionalidad cubana, también podría ser colocada en proceso de deportación, pero los cubanos no suelen ser deportados en la actualidad debido a que la isla esta gobernada por una dictadura comunista.

Osorio y Silvestri son los miembros del grupo condenados más recientemente. El primero fue la esposa de Silvestri, Laura María Ponce Santos, quien fue sentenciada a principios del año a seis meses de prisión y dos años de libertad supervisada, incluyendo 9 meses de arresto domiciliario. Ella también enfrenta posible deportación al Uruguay.

Ponce, Silvestri y Osorio son residentes de Naples en la costa oeste de la Florida. El presunto líder del grupo, Fidel Morejón, residía en Kissimmee. Morejón, de origen cubano, está programado a ser sentenciado el 28 de enero.

Hugo Rodríguez, abogado de Morejón, dijo que su cliente bien podría recibir una sentencia más seria.

“El gobierno alega que Morejón fue el autor de la falsificación de documentos falsos”, dijo Rodríguez. “Por lo tanto, con toda probabilidad, va a recibir una sentencia más fuerte que los demás”.

Los otros abogados o no quisieron hacer comentarios o no devolvieron las llamadas a sus oficinas.

En virtud de la Ley de Ajuste Cubano de 1966, los cubanos que llegan a Estados Unidos sin visado pueden permanecer en el país y solicitar la residencia después de un año y un día. Para obtener ese beneficio migratorio, los cubanos deben mostrar prueba de ciudadanía cubana.

Silvestri, de 55 años, manifestó arrepentimiento durante su comparecencia en la corte. Le dijo a Altonaga que sentía profundamente haberse involucrado en el asunto y luego le dio a la intérprete de la corte una carta a leer. Silvestri dijo que no podía leer la carta el mismo porque se le habían roto las gafas.

En la carta, Silvestri dijo que participó en la venta de actas de nacimiento falsas porque estaba desesperado el mismo por obtener estatus migratorio en Estado Unidos y debido a que muchos inmigrantes indocumentados que se pusieron en contacto con él lo presionaron para obtener ayuda. También dijo que se sentía presionado también por Morejón, quien se declaró culpable y está considerado como líder de la red.

“Yo estaba esperando la reforma migratoria del presidente Obama, pero esta nunca llegó”, escribió Silvestri, a modo de explicación sobre su decisión de comprar el certificado de nacimiento cubano. “En un momento de gran desesperación, acepté la oferta”.

Los fiscales dicen que mientras que Morejón era el cabecilla, Silvestri fue el “segundo más culpable” en el caso porque fue “muy activo” en el reclutamiento de compradores de las actas.

De acuerdo con documentos disponibles en la corte, Morejón ayudó a Silvestri y a su esposa a obtener certificados de nacimiento cubanos falsos que luego utilizaron para obtener residencia. Después, los documentos de la corte muestran que la pareja ayudó a reclutar a otros inmigrantes indocumentados que pagaron entre $10,000 y $15,000 por certificado.

Los fiscales han dicho que Osorio, de 61 años, fue el “tercer miembro de la red más culpable” porque ella también ayudó a reclutar clientes. Su abogado, Richard Aldo Serafini, no estuvo de acuerdo diciendo a Altonaga en la corte que Osorio desempeñó un papel menor en el caso y ayudó al gobierno con información que llevó a los investigadores a desarticular la red.

“Quiero pedir disculpas al gobierno de los Estados Unidos, el país que me dio libertad”, dijo Osorio minutos antes de ser sentenciada. “Estoy muy arrepentida”.

También dijo que había accedido a ayudar a vender las actas porque Morejón le había prometido ayudar a “salvar a mi hijo”.

Documentos de la corte indican que Osorio pagó $3,500 a Morejón por un falso perdón presidencial para su hijo adulto que tenía antecedentes penales.

Los documentos disponibles en la corte también muestran que Morejón se hizo pasar por un funcionario de inmigración de alto rango que se comprometía a proteger contra la deportación a compradores potenciales o los amenazaba con deportación si no pagaban.

Durante un período de 3 años y medio, a partir del 2009, la banda vendió actas de nacimiento cubanas falsas a unos 50 inmigrantes indocumentados, negocio que le representó ganancias a la red por más de $500,000, según los documentos judiciales.

Estos también indican que Morejón obtuvo las actas en Cuba, pero no explican cómo.



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