Investigan supuesto espionaje a magistrados del Consejo de Estado colombiano

La presidenta del Consejo de Estado de Colombia, María Claudia Rojas, informó hoy de la apertura de una investigación judicial sobre un supuesto caso de espionaje contra magistrados de ese máximo tribunal contencioso administrativo que manejan asuntos "delicados".
Agencia EFE | Junio 20 de 2014

Bogotá, 20 jun (EFE).- La presidenta del Consejo de Estado de Colombia, María Claudia Rojas, informó hoy de la apertura de una investigación judicial sobre un supuesto caso de espionaje contra magistrados de ese máximo tribunal contencioso administrativo que manejan asuntos "delicados".

"Podemos sospechar lo que se ha denominado una 'chuzada' o una filtración de información inadecuada, por lo que solicitamos el apoyo de la Fiscalía. Esperamos los resultados en el menor tiempo posible porque ésto es muy grave", denunció Rojas en declaraciones a RCN La Radio.

La alarma sobre el posible espionaje nació de revelaciones de informes confidenciales que aparecían filtrados en los medios al pie de la letra y también del borrado, al parecer a distancia, de archivos del computador del magistrado auxiliar de Gustavo Gómez, quien tiene en su mano el futuro político del alcalde bogotano, Gustavo Petro, entre otros casos.

El despacho del magistrado Gómez maneja información sobre el proceso de súplica contra las medidas cautelares de emergencia impuestas a favor de Petro para frenar la destitución e inhabilitación por quince años que le impuso la Procuraduría (Ministerio Público) en diciembre pasado por mal manejo de una crisis de basuras.

Entre los documentos desaparecidos en extrañas circunstancias se encuentran también las pruebas que sustentaron la anulación en mayo pasado de la destitución del exalcalde de Medellín Alonso Salazar, quien había sido inhabilitado por la Procuraduría por supuestamente participar en política e influir en procesos electorales.

El magistrado Gómez, titular de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ratificó haber sido víctima de estas interceptaciones ilegales y anunció desde Ecuador, donde cumple un compromiso académico, que ampliará la denuncia ante la Fiscalía.

Los casos de las destituciones de Petro y de Salazar se convirtieron el último año en un símbolo del poder de la Procuraduría, que como Ministerio Público es el organismo encargado de velar por la disciplina del funcionariado y a la que los aludidos han acusado de actuar en ocasiones movida por intereses políticos. EFE

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