Juan Manuel Santos ignora a CIDH; Petro será removido

Juan Manuel Santos, presidente de Colombia y el ahora exalcalde, Gustavo Petro.
'Lo que no hizo Uribe, lo hizo Santos...un golpe de Estado", añadió el ahora exalcalde.
AP | Marzo 20 de 2014
La capital colombiana tiene desde el miércoles un nuevo alcalde después que el presidente Juan Manuel Santos desatendió medidas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que beneficiaban al ahora exalcalde Gustavo Petro, en una decisión que deja al gobernante distrital definitivamente fuera del cargo.

La Comisión Interamericana emitió el 18 de marzo una medida cautelar en favor de Petro en la que pidió al gobierno colombiano suspender de forma inmediata una decisión de la Procuraduría General que lo destituyó y le prohibió hacer política por 15 años.

La alcaldía bogotana, el cargo de elección popular más importante después del jefe de Estado, quedará ahora en manos de un alcalde interino, el hasta hoy ministro del Trabajo Rafael Pardo, según indicó Santos al anunciar desde la casa de gobierno que no seguiría la solicitud de la Comisión Interamericana, con sede en Washington, porque el sistema judicial colombiano había actuado en el caso Petro y resolvió más de 300 demandas a favor y en contra.

No es la primera vez que Bogotá se ve es una situación en que su alcalde sale del cargo y un interino debe cumplir el resto de su mandato. En mayo de 2011, el predecesor de Petro, Samuel Moreno, elegido también por un movimiento de izquierda, fue sancionado y el mismo presidente Santos debió nombrar a un sucesor para dirigir a esta ciudad de ocho millones de habitantes con agobiantes problemas, desde la movilidad hasta una población de desplazados por la violencia en otras regiones que se calcula en unas 400.000 personas.

Desde un balcón de la alcaldía en el centro de la ciudad y ante una multitud, Petro, exsenador de 53 años con un pasado de militancia en la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), dijo tras conocerse la decisión del presidente que saldría de su oficina y que se instalaría desde mañana mismo en los barrios pobres del sur de la ciudad.

Y en un duro discurso en contra de Santos, al que calificó como miembro de la oligarquía, Petro dijo que el mandatario era incapaz de hacer la paz y acabar con el conflicto armado interno que padece el país hace 50 años porque no tenía la estatura intelectual ni moral para hacerlo.

"A pesar de todas las críticas que podríamos tener a gobernantes (colombianos anteriores), ni siquiera (Alvaro) Uribe se atrevió a desconocer una sola medida cautelar expedida por la Comisión Interamericana", dijo Petro, quien calificó a su sucesor, el ministro del Trabajo, como un "usurpador".

"Lo que no hizo Uribe, lo hizo Santos...un golpe de Estado", añadió Petro.

La esperanza de paz, agregó el exalcalde capitalino en medio de vítores de la multitud, está en manos de la población porque "quienes dirigen este país no tienen la estatura intelectual ni moral para hacerlo".

Y advirtió que si "nos toca ir al paro nacional, a la huelga civil pacífica... el pueblo colombiano debe ir a la huelga general por la asamblea constituyente y la paz en Colombia". No dijo exactamente en qué condiciones llamaría a esa huelga, pero sí destacó que toda acción sería pacífica y que recurría a la Corte Interamericana, con sede en Costa Rica, para recuperar sus derechos.

Poco después de que Santos hiciera su anuncio en la casa de gobierno sin responder preguntas, la canciller María Angela Holguín dijo a los reporteros en la casa gubernamental que la Comisión no ordenó, sino que solicitó y que por tanto el gobierno decidía porque los tribunales locales habían actuado.

"Colombia queda (como) un país como debe ser, respetando su justicia... respetando sus tribunales, sus cortes, porque han actuado y actuado diligentemente", dijo Holguín.

La justicia colombiana "está operando... Luego no podemos permitir que un tribunal internacional, que es subsidiario y es complementario al procedimiento jurídico interno, pues venga a tomar decisiones o solicitar que tomemos decisiones cuando la justicia colombiana ha funcionado y está funcionando", añadió.

A su turno, el ministro Pardo, nuevo alcalde encargado, sólo indicó en la sede de gobierno que asumía su nueva posición para "contribuir con un grano de arena al mejor estar de los ciudadanos de Bogotá", cuyo presupuesto ronda los 14,7 billones de pesos al año (unos 7.700 millones de dólares).

"Este es un encargo coyuntural. Yo sigo siendo ministro de Trabajo y en... un encargo coyuntural no (se) llega a traer programas de gobierno ni a cambiar programas de gobierno", dijo Pardo al aclarar que su encargo durará hasta "lo que determinen las circunstancias jurídicas y la decisión del presidente".

A partir de mañana, el movimiento Progresistas, por el cual fue elegido Petro en octubre del 2011, puede enviar al presidente una terna de candidatos para que de ella escoja al sucesor del ahora exalcalde. No quedó claro de inmediato cuándo se llamaría a nuevas elecciones para completar el mandato de Petro, que comenzó el 1 de enero del 2012 y se extendía hasta el 31 de diciembre del 2015.

La decisión de Santos puso fin a una larga trama jurídica que comenzó cuando la Procuraduría General dictaminó en diciembre, y ratificó en enero, que Petro debía salir del cargo por considerar que violó normas de la libre empresa y competencia al cambiar por decreto a fines del 2012 el sistema de recolección de basura de la ciudad.

Petro siempre lo negó y dijo que el procurador general Alejandro Ordóñez, visto como un ultraconservador y que ha tomado medidas similares contra funcionarios y exfuncionarios de distintas tendencias políticas, adoptó su decisión por razones ideológicas, porque el hasta ahora alcalde capitalino es de izquierda.

Tras un colapso de tres días en la recolección de basura en la ciudad en diciembre de 2012, Petro revirtió parte de su decisión y al menos dos empresas privadas siguen recolectando desechos, aparte de la empresa distrital de agua, a la que Petro encomendó entonces la tarea.

Las posturas de congresistas y analistas consultados telefónicamente por la AP sobre si el presidente debía o no atender la solicitud de la CIDH fueron tan diversas como las opiniones sobre si el ahora destituido alcalde hizo o no una buena gestión.

"Es un desacato que va a tener un alto costo político", dijo el congresista y activista Iván Cepeda, del partido izquierdista Polo Democrático Alternativo, en el que militó Petro hasta fines de 2010. Será "muy difícil hacer creer... a las FARC que tendrán garantías después de una experiencia tan amarga como la que hoy se está dando", añadió, en referencia a la guerrilla con la que el gobierno de Santos sostiene negociaciones de paz desde fines de 2012 en La Habana.

Pero para otros, como el legislador oficialista Juan Carlos Vélez, del Partido de Unidad Nacional o Partido de la U, era "fundamental hacer respetar la ley y las instituciones colombianas". El presidente Santos "tenía que hacer respetar la decisión del señor procurador que estaba enmarcada dentro de la ley" porque la Constitución le dio esas facultades.

El exprocurador Jaime Bernal Cuellar dijo que, en su parecer, la decisión fue "estrictamente jurídica y no política". La Comisión Interamericana "sólo toma o adquiere competencia a partir del momento en que se agotan los trámites en Colombia, aquí existe la acción de nulidad, que no se ha propuesto y la cual permite medidas cautelares. En consecuencia, esa Comisión tomó una competencia que no le correspondía sustituyendo la legislación colombiana".

En tanto, el analista y columnista Ramiro Bejarano, un intenso crítico del procurador Ordóñez, declaró que Santos "ha pisoteado el derecho pensando en su propia suerte en las próximas elecciones presidenciales, ha cometido el error más grande de su vida... ha ofendido la inteligencia nacional, no ha convencido a nadie y ha mostrado que no tiene estirpe de demócrata, sino una estirpe de tirano".

"La imagen de Colombia en el exterior queda fatal... (porque) decide no acatar el fallo y eso sencillamente es absurdo. Lo que ha ocurrido es una vergüenza", aseveró.

Por su parte, la autoridad electoral, la Registraduría Nacional, anunció en su cuenta oficial de Twitter que procedería a suspender un referéndum revocatorio previsto para el 6 de abril del mandato de Petro, promovido desde el año pasado por un congresista que argumentó que el ahora destituido alcalde improvisaba medidas y gastaba dinero público en subsidios insostenibles a largo plazo.
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