Cuba se alista para atraer más inversiones a la isla

Más capitales extranjeros significarían un aumento de productividad y empleos en la isla.
El Nuevo Herald | Marzo 20 de 2014
El parlamento de Cuba ha sido convocado para una sesión especial este mes para aprobar una nueva ley de inversión extranjera diseñada para fortalecer las garantías a capitalistas cautelosos y ayudar a sacar del estancamiento a la economía de la isla.

Pero un titular del miércoles en el diario oficial Granma – El país no se pondrá en venta– dejó en claro los recelos del gobierno comunista sobre abrir demasiado las puertas a la inversión extranjera.

La Asamblea Nacional del Poder Popular celebrará una sesión especial el 29 de marzo para analizar la ley propuesta, según se anunció el miércoles. El parlamento, que autoriza de rutina sin cuestionamientos y generalmente se reúne unos pocos días en julio y diciembre, nunca ha rechazado un proyecto de ley.

Pero la decisión del gobierno de enviar la propuesta a la Asamblea –la gran mayoría de las medidas se promulgan por decreto ejecutivo– pareció encaminada a destacar su intención de asegurar a los extranjeros que invertir en Cuba será seguro, transparente y rentable.

José Luis Toledo Santander, presidente del Comité Constitucional del parlamento, de 612 miembros, que ha estado revisando el proyecto de ley, fue citado esta semana diciendo que la ley propuesta “reforzará las garantías” que se ofrecen a los inversionistas extranjeros.

Más capitales extranjeros significan un aumento de productividad y empleos en la isla, que a su vez llevan a un aumento de exportaciones que traen moneda dura y menos importaciones que se tragan el dinero, han dicho funcionarios gubernamentales.

No se conocen todos los detalles de la ley propuesta, pero se espera que trate de varios de los defectos de la actual ley de la inversión extranjera. Esa ley se adoptó en 1995, cuando Cuba trataba por primera vez de atraer capital occidental luego del colapso de la Unión Soviética.

Los inversionistas extranjeros están actualmente limitados a un 49 por ciento de la propiedad de las empresas conjuntas con el gobierno, deben contratar de grupos laborales administrados por el estado y pagar un impuesto de un 30 por ciento de los beneficios y un impuesto de un 20 por ciento de la fuerza laboral.

El ex ministro de Economía José Luis Rodríguez ha dicho que la nueva ley propuesta “ampliará el carácter complementario (a las inversiones estatales) de las inversiones extranjeras” que se permiten bajo la ley existente.

Y Granma informó el martes que los miembros de la Asamblea que discuten el proyecto de ley han destacado “la certeza de que la modificación introducida ... de ninguna forma significa la venta del país o el regreso al pasado” capitalista.

Se espera que uno de los aspectos clave para los cubanos de la ley propuesta sean las regulaciones laborales, incluyendo los salarios en un país en el que el sueldo mensual es oficialmente de unos $20.

Cuba informó de 402 empresas conjuntas en el 2002. Pero la cifra se redujo después que la isla, llena de subsidios venezolanos, comenzó a dar preferencia a las empresas venezolanas y chinas, y cerrar otras por supuesta corrupción. Ahora tiene solo unas 200 empresas conjuntas.

La economía de la isla ha estado casi estancada durante varios años, y las violentas protestas contra el presidente venezolano Nicolás Maduro subrayan los riesgos de perder los subsidios, incluyendo un estimado de 115,000 barriles diarios de petróleo.

Cuba informó de un crecimiento de un 2.7 por ciento de su Producto Interno Bruto del año pasado, algo bajo incluso cuando su forma de calcular el PNB exagera la cifra.

La información del Granma citó a Toledo diciendo que la propuesta ley –preparada por el Consejo de Estado, algo parecido a un gabinete de ministros– también establecerá una lista de inversiones que busca el gobierno y detallará posibles devoluciones y exenciones impositivas.

La Zona de Desarrollo Económico especial que se estableció el año pasado en el puerto de Mariel, al oeste de La Habana, da a los inversionistas una amnistía de 10 años para pagar los impuestos sobre las ganancias, pero requiere el pago de otros impuestos y tarifas.

Toledo también dijo, según se citó, que los diputados de la Asamblea, y funcionarios provinciales y municipales, se han reunido esta semana por toda la isla para debatir la ley propuesta.

“De esa forma, iremos a la Asamblea con el mayor grado posible de claridad y consenso”, agregó Toledo.

 
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