CIDH concede protección a Petro, alcalde de Bogotá

Pide a gobierno colombiano dejar sin efectos suspensión impuesta por la Procuraduría a Gustavo Petro.
AP | Marzo 19 de 2014
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió conceder medidas cautelares al destituido alcalde bogotano Gustavo Petro la noche del martes y, en consecuencia, pidió al gobierno colombiano dejar sin efectos la suspensión que le fue impuesta por la Procuraduría en diciembre pasado, se informó oficialmente.

"La CIDH considera que el presente asunto reúne prima facie los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenido en el artículo 25 de su reglamento. En consecuencia, la Comisión solicita al gobierno de Colombia que suspenda inmediatamente los efectos de la decisión de 9 de diciembre de 2013, emitida y ratificada por la Procuraduría General de la Nación el 13 de enero de 2014, a fin de garantizar los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego y pueda cumplir con el período para el cual fue elegido como alcalde de la ciudad de Bogotá. hasta que la CIDH se haya pronunciado sobre la petición individual", sostuvo el organismo internacional en su página en internet.

El documento, de 24 puntos, está firmado por el secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez-Icaza L.

Así las cosas, la destitución de Petro podría ser suspendida por el presidente Juan Manuel Santos, quien en última instancia deberá decidir si acoge la postura de la CIDH o, por el contrario, de la Procuraduría, que en Colombia investiga y sanciona disciplinariamente a casi todos los funcionarios públicos.

Santos no comentó de inmediato el caso de Petro, que en diciembre le había pedido a la CIDH la protección de sus derechos políticos y los de sus electores.

La decisión de la CIDH se conoció pocas horas después de que el Consejo de Estado, una de las altas cuatro cortes del país, falló en contra de Petro con lo que agotó todos los recursos legales elevados por él y por sus seguidores ante la justicia colombiana para tratar de quedarse en el cargo para el que fue elegido en octubre de 2011.

"Mañana a las cuatro de la tarde espero a toda la ciudadanía bogotana a festejar este triunfo democrático. Colombia va a cambiar", dijo el burgomaestre en su cuenta de Twitter apenas se enteró de la determinación de la CIDH en su favor.

Petro, ex senador de 53 años con un pasado de militancia en la ya pacificada guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19), había dicho en la jornada que "no sabemos si el sistema interamericano nos protegerá o no. Si no lo hace, no nos quedará un solo centímetro cuadrado de justicia que nos proteja".

Sobre la eventual decisión que tomará Santos en su caso, Petro indicó que "si la justicia nos protege en el día de mañana..., entonces el presidente de la República tendrá una responsabilidad que tomar, que no imploramos; él tendrá una decisión que tomar, pero esta vez con el pueblo movilizado en toda Colombia".

Más temprano, María Claudia Rojas, presidenta del Consejo de Estado, informó que la decisión en contra de Petro había sido tomada por 15 votos a favor y ocho en contra.

"El derecho a elegir y ser elegido (como alcalde) no anula la facultad de las autoridades para ejercer medidas disciplinarias", dijo la magistrada.

Rojas declinó comentar qué sucedería si la CIDH emitiera sus medidas cautelares antes de que Santos firmara el decreto.

El caso comenzó el 9 de diciembre de 2013 cuando la Procuraduría General destituyó al alcalde y le prohibió hacer política durante 15 años debido a que a finales de 2012 el funcionario cambió por decreto el sistema de recolección de basura de Bogotá para entregarlo a la empresa estatal de aguas, lo que según normas colombianas son "faltas gravísimas".

Según el procurador general, Alejandro Ordóñez, tal medida de Petro violó normas de la libre competencia y libre empresa y causó que se acumulara la basura durante tres días en la mayor ciudad colombiana, de ocho millones de habitantes.

El alcalde lo niega y mantiene que el procurador, considerado un ultraconservador, tomó una decisión política en su contra.

El dictamen del procurador, que fue ratificado en enero, fue impugnado por los abogados de Petro y sus seguidores antes varias instancias judiciales en una larga cadena de fallos a favor y en contra hasta agotarse los recursos.

Petro tomó posesión como alcalde de Bogotá el 1 de enero de 2012 y su encargo finaliza el 31 de diciembre de 2015.
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