El banco niega ayuda a los propietarios de condominios en La Pequeña Habana

En abril, la Ciudad de Miami perdonó $43,000 en préstamos a familias de bajos recursos que recibieron ayuda para comprar en Havana Palms.
El Nuevo Herald | Agosto 14 de 2013

BRENDA MEDINA
BMEDINA@ELNUEVOHERALD.COM

Para Jenny Márquez, propietaria de uno de los condominios en mal estado en La Pequeña Habana, la pelea por salvar su vivienda terminó hace dos meses cuando recibió una carta de su banco avisando que su casa había caído en ejecución hipotecaria.

Por años, Márquez reclamó a todo el que pudiera escucharla sobre lo que ella llamaba un fraude hipotecario en Havana Palms, un complejo de condominios sobre la SW 2 Street.

Márquez compró un condominio de una recámara en el complejo por casi $150,000, con la ayuda de subsidios de programas municipales y condales.

Unos meses después de mudarse empezó a notar el deterioro de las viviendas que habían sido recién remodeladas y construidas en 1946. Los pisos estaban desnivelados, había humedad en las paredes y los tubos de las cañerías empezaron a romperse, dejando escapar agua y desechos. Márquez se quejó ante los empresarios inmobiliarios que le habían vendido los condominios a ella y más de una decena de familias.

Se quejó también ante las autoridades municipales. Muchos de sus reclamos cayeron en oídos sordos.

Finalmente en enero, el piso de uno de los condominios colapsó y el Departamento de Construcciones de la Ciudad de Miami terminó declarando el complejo inhabitable. Una investigación de El Nuevo Herald determinó que el entonces director del Departamento certificó una inspección realizada por unos ingenieros privados a pesar de que sus propios inspectores tenían un caso abierto sobre las condiciones deterioradas de los pisos.

Además, un reporte arquitectónico realizado durante el proceso de conversión de apartamentos a condominios en el 2006 había indicado que la estructura apenas tenía cinco años de “vida útil”.

Algunos vecinos abandonaron sus casas tras recibir la notificación de la Ciudad, pero la mayoría se quedó allí. No tenían otro lugar a donde ir. Márquez ya se había ido unos meses antes.

“Vivir allí era muy inseguro para mí y para mi hija recién nacida”, afirmó. “Aunque me mudé a otro lado seguía pagando mi mortgage porque no quería echar a perder mi [historial de] crédito”.

No fue la única. Otros vecinos, como Daniel Bertolaza, aun pagan alquiler en otros lados mientras continúan abonando a los bancos por la hipoteca del condominio que no pueden habitar. Por su parte, Daniela Papetti ha permanecido con su familia en su unidad, en la que invirtió miles de dólares en renovaciones.

El banco con el que Márquez, Bertolaza y Papetti sacaron sus hipotecas, Gibraltar Bank & Trust, en Coral Gables, se comprometió a ayudar a los vecinos con su situación, de acuerdo con declaraciones a El Nuevo Herald en meses recientes.

En abril, Gibraltar les ofreció una prórroga de tres meses de pago. Un mes y medio después, el 24 de mayo, los residentes recibieron otro documento del banco ofreciéndoles más tiempo de prórroga. En el nuevo documento añadieron una cláusula que prohíbe a los deudores demandar legalmente a Gibraltar.

“Era como tendernos una trampa”, consideró Márquez. “Si se quieren librar de una demanda legal es porque saben que fallaron de alguna manera al aprobar préstamos para casas que no servían”.

Bertolaza y Papetti firmaron el documento. “Al menos eso nos da un respiro por ahora mientras vemos qué pasa con eso”, dijo Papetti.

Márquez no firmó. Hizo su último pago a la hipoteca en marzo. En junio recibió la carta de ejecución hipotecaria.

Representantes del Banco Gibraltar rehusaron comentar sobre la carta. La semana pasada, un representante dijo que lamentaban la situación de los residentes pero que debido a la confidencialidad de sus clientes no pueden proporcionar detalles sobre el tema.

“Como dijimos anteriormente, Gibraltar Private está trabajando con cada uno de los residentes con el fin de llegar a una resolución”, según el comunicado.Márquez y sus vecinos pudieron ganar algunas batallas en su larga lucha.

En abril, la Ciudad de Miami perdonó $43,000 en préstamos a familias de bajos recursos que recibieron ayuda para comprar en Havana Palms.

La Comisión condal también perdonó más de $350,000 en préstamos a siete familias que recibieron ayuda del Condado para comprar las viviendas y ordenó al Departamento Legal buscar cómo cobrar el dinero a los empresarios inmobiliarios que vendieron los condominios, Aníbal Duarte Viera y Gabriel De la Campa.

Márquez lamentó la difícil situación financiera en la que ahora se encuentra, por querer conquistar el sueño de tener un hogar propio.

“Yo siempre fui responsable con mi dinero y no tenía deudas”, dijo Márquez. “Ahora, después de tantas frustraciones, es triste que todo termine con una carta de foreclosure”.

La reportera Melissa Sánchez contribuyó con esta información.

 

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