Bajo fuego el secretario de Justicia

Numerosos medios periodísticos censuran el espionaje contra The Associated Press
Caracol 1260 | Mayo 16 de 2013
El espionaje telefónico del Gobierno de Estados Unidos a la agencia de noticias The Associated Press (AP) ha puesto en pie de guerra a los medios de comunicación del país, que aducen que el Departamento de Justicia se excedió en sus poderes y exigen dé marcha atrás.

“El alcance de esta acción pone en tela de juicio la integridad de las políticas del Departamento de Justicia hacia la prensa”, asegura una carta respaldada por más de 50 organizaciones y dirigida al fiscal general de Justicia, Eric Holder, y a su adjunto, James M. Cole, quien supervisó la operación.

Los firmantes, entre ellos el diario The New York Times y Periodistas sin Fronteras, aseguraron que en los 30 años desde que se publicaron las pautas para lograr citaciones judiciales con las que obtener los registros de llamadas de periodistas no hay precedentes de “semejante extralimitación” y piden más protección para periodistas y fuentes.

“El que el Departamento de Justicia se sienta con el derecho de obtener secretamente registros telefónicos de decenas de periodistas es contrario a la libertad de prensa garantizada en la Primera Enmienda (de la Constitución)”, dijo en un comunicado Tony Mauro, presidente del Comité de Reporteros para la Libertad de Prensa. La organización pide al Gobierno que entregue todos los registros telefónicos y destruya todas las copias o, al menos, prohíba el uso adicional de las mismas.

El Departamento de Justicia recopiló de forma secreta los registros de 20 líneas telefónicas correspondientes a abril y mayo de 2012, incluidas líneas de las oficinas de AP en Nueva York y Washington y teléfonos privados de periodistas de la agencia.

El Gobierno sostiene que esas medidas extraordinarias buscaban descubrir al responsable de una filtración “muy seria”, que, según la versión oficial, “puso en peligro la vida de estadounidenses”.

Se desconoce exactamente cuál es la filtración investigada, pero todo apunta a que se trata de una noticia publicada por AP en mayo de 2012, en la que informaba que el Gobierno había frustrado un complot de la red terrorista Al Qaeda en Yemen para atentar contra un avión con rumbo a Estados Unidos.

Habla en el CONGRESO

Ayer, Holder dijo al Congreso que una grave filtración en materia de seguridad nacional requirió la recopilación secreta de registros telefónicos de AP, a la vez que justificó una investigación de la que se recusó.

Acosado por republicanos y algunos demócratas, Holder declaró que tiene fe en los individuos que llevan a cabo la investigación, impulsada en gran medida por la indignación de los republicanos el año pasado por la posibilidad de que funcionarios del Gobierno hubieran filtrado informaciones para afianzar la reputación del presidente Barack Obama en cuestiones de seguridad nacional en un año electoral.

Holder dijo que se había recusado del caso porque “soy poseedor de información a la larga filtrada”. Agregó que no podía responder preguntas sobre las citaciones ni por qué el Departamento de Justicia no había negociado con AP antes de las citaciones, una práctica estándar.

Esa respuesta provocó frustración en algunos legisladores con el gobierno de Obama y el secretario de Justicia.

“No parece haber ninguna aceptación de responsabilidad por cosas que han salido mal”, dijo a Holder el representante republicano James Sensenbrenner.

Holder afirmó que fue el subsecretario de Justicia, James Cole, quien tomó la decisión de buscar los registros telefónicos de la prensa.

El año pasado, Holder designó a dos fiscales para dirigir una investigación acerca de quién filtró informaciones sobre la participación de Estados Unidos en ataques cibernéticos a Irán y una confabulación de Al Qaeda para colocar un explosivo a bordo de un avión con destino a Estados Unidos.

También ayer, al comparecer ante el Congreso, Holder fue acosado sobre varios escándalos que conmovieron al Gobierno, como las investigaciones excesivas del Servicio de Rentas Internas a los grupos asociados al movimiento ultraconservador Tea Party cuando solicitaban exención impositiva.
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