Arizona: Se niegan a criminalizar a quien ayude a indocumentados

La restricción podría haber afectado a cualquier persona que suba a su automóvil a un indocumentado.
AP | Abril 22 de 2014
El Tribunal Supremo federal se negó hoy a reactivar una disposición de una ley de Arizona que pretendía criminalizar la acogida y el transporte de inmigrantes indocumentados y en la que insistían las autoridades de ese estado.

La decisión del tribunal de no escuchar la apelación del estado deja intacto un fallo adoptado en octubre de 2013 por el Tribunal Noveno de Circuito de Apelaciones de San Francisco, que en la parte relativa a este caso, estableció que esa disposición era superada por la ley federal de inmigración, de mayor rango legal.

La provisión en litigio, parte de la controvertida ley de inmigración de Arizona de 2010, pretendía establecer como un delito criminal tanto alentar a los inmigrantes indocumentados a internarse por Arizona, como transportarlos o darles albergue en el estado.

Varios grupos que trabajan con inmigrantes en Estados Unidos, tales como la Red de Acción Fronteriza, desafiaron la disposición.

A raíz de esas demandas, la jueza federal de Arizona Susan Bolton suspendió temporalmente la norma antes de que entrase en vigor.

En un caso de 2012, el Tribunal Supremo estimó parcialmente otras disposiciones de la ley de 2010.

En marzo, el alto tribunal rechazó casos similares en los que ciudades de Texas y Pensilvania intentaron establecer requisitos para el alquiler de viviendas como la presentación de una identificación que demostrase la situación migratoria de los posibles inquilinos.

El caso Arizona v Valle Del Sol, del Tribunal Supremo, trata sobre la disposición legal para la criminalización de determinadas conductas ligadas con la presencia de personas con estatus migratorio irregular en el estado de Arizona.

A este respecto, se han intentado introducir nuevas infracciones criminales relacionadas con la obligación de registro y de portar determinada documentación migratoria, así como con el empleo de inmigrantes en situación irregular en la vía pública, y con el transporte de personas indocumentadas.

Las disposiciones rechazadas por el Supremo establecían como un delito el transporte de inmigrantes "realizado con la intención de apoyar la presencia irregular", y tipificaba también como punible "la inducción a la inmigración irregular".

El departamento de Justicia de Estados Unidos argumentó que esas normas de Arizona contravenían derechos civiles de los inmigrantes.

Defensores de los derechos civiles en Arizona se mostraron hoy satisfechos con la decisión del Tribunal Supremo federal.

"Éste es otro ejemplo de cómo las cortes están tomando la decisión correcta de que esta ley no es necesaria, porque ya existen leyes federales que cubren este tipo de actividad", dijo a Efe en Tucson Alessandra Soler, directora ejecutiva de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Arizona.

Un problema fundamental de esa propuesta era que "es que es sumamente vaga, no es clara", lo que suscitó preocupación de que de ser implementada fuera "abusada para castigar y arrestar a personas por transportar a un miembro de su familia que no tiene papeles", dijo la responsable de ACLU, que presentó la demanda junto a una coalición de diferentes organizaciones civiles.

ACLU considera que la restricción podría afectar a cualquier persona que suba a su automóvil a un indocumentado, aunque sea para llevarlo a la escuela, una iglesia o al médico.

Por su parte, abogados que representan al estado de Arizona dijeron que continuarán luchando en los tribunales por defender el derecho que tiene el estado de aprobar y poner en práctica sus propias leyes.

El Tribunal Supremo ya anuló en 2012 varias disposiciones de la controvertida ley, aunque permitió que entrara en vigor una sección que autoriza a los policías a cuestionar el estatus migratorio de las personas que "sospechan" que están de manera ilegal en el país.
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